A partir de la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, la República Argentina se suma al grupo de 75 países que más protege la vida de las mujeres, ubicándose una vez más a la vanguardia de la garantía y protección de los Derechos Humanos.
Esta iniciativa es producto de demandas históricas de las organizaciones de derechos humanos y el movimiento feminista, a la vez que se enmarca en los principios y estándares del derecho internacional de los derechos humanos que otorgan protección a los derechos sexuales y reproductivos, a la dignidad, a la vida, a la autonomía, a la salud, a la educación, a la integridad, a la diversidad corporal, a la identidad de género, a la diversidad étnico-cultural, a la privacidad, a la libertad de creencias y pensamientos, a la información, a gozar de los beneficios de los avances científicos, a la igualdad real de oportunidades, a la no discriminación y a una vida libre de violencias.
La Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo despenaliza y legaliza el aborto, y viene a saldar una deuda histórica de nuestro país con los movimientos de mujeres en toda su diversidad y con los estándares internacionales que persiguen la igualdad entre los géneros y la eliminación de toda forma de discriminación contra las mujeres (CEDAW), pues otorga a las mujeres el mismo derecho que tienen los varones a decidir libremente sobre sus cuerpos sin exponerse a situaciones que atenten contra su salud y su vida.
