La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) denunció severas violaciones a los derechos humanos en la comunidad terapéutica “Nunca más solos”, ubicada en General Rodríguez, que funcionaba sin habilitación ministerial ni municipal.
Durante una inspección realizada en su rol de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, el organismo constató que las 28 personas allí alojadas vivían en condiciones degradantes: medicación administrada sin prescripción médica, ingresos y traslados forzosos, ausencia de control sobre la legalidad de las internaciones y un régimen restrictivo basado en sanciones arbitrarias.
El informe de la Asociación de Reducción de Daños de Argentina (ARDA) ya había advertido sobre estas prácticas, lo que motivó la presentación de un habeas corpus colectivo por parte de la CPM. El Juzgado de Familia Nº 3 de Moreno, a cargo de la jueza Silvia Mónica Báez, ordenó una constatación judicial en el lugar y dispuso la prohibición de nuevos ingresos por 60 días, además de exigir a la institución el inicio de los trámites de habilitación sanitaria.
La comunidad no figura en el Registro Único Provincial de Establecimientos de Salud y no existe un listado centralizado de las personas internadas. Se registraron ingresos compulsivos, administración irregular de medicación y convivencia de menores con adultos. Se delegan tareas de mantenimiento en los propios usuarios, incluyendo la limpieza diaria del pozo séptico. Se constató la existencia de roles internos como “jefe de casa” o “encargado de pozo” que concentran poder y sustituyen funciones profesionales. También se supervisan llamadas, visitas y salidas, vulnerando la intimidad y privacidad.
Entre los alojados había personas provenientes de distintas provincias como Santa Fe, Neuquén, San Luis, Entre Ríos, Misiones, Córdoba, Río Negro, Salta, Chaco y CABA, lo que dificulta el contacto familiar y obstaculiza estrategias de externación.
La jueza Báez ordenó la suspensión de ingresos y la tramitación de la habilitación ministerial, tras comprobar junto a peritos y equipos de salud las graves condiciones de alojamiento. El caso expone nuevamente la necesidad de reforzar los mecanismos de fiscalización del Ministerio de Salud bonaerense y de realizar un relevamiento sistemático de las comunidades terapéuticas que operan al margen de la ley.