El diputado provincial del Frente Renovador, Lisandro Bonelli, se despachó esta mañana contra el vicejefe de Gabinete de la Nación y accionista de Farmacity, Mario Quintana, tras la suspensión de la audiencia pública por el desembarco de la cadena de farmacias en territorio bonaerense.
“Quintana compra tiempo para Farmacity”, afirmó Bonelli, al tiempo que puso en evidencia una serie de “manejos dudosos” en la disputa judicial en la que interviene la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
“El 19 de junio Mauricio Macri y el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti se reunieron en un ‘almuerzo a puertas cerradas’, sin ningún tipo de comunicación oficial. Y el mismo día, unas horas más tarde, la Corte Suprema fijó la fecha para la audiencia pública, que debía realizarse el 29 de agosto”, explicó Bonelli.
Y continuó: “Ayer la Corte suspendió la audiencia por un viaje de la jueza (Elena) Highton y lo anunció justo unos minutos después de que los amicus curiae entregáramos todas nuestros escritos con argumentos a favor y en contra de la irrupción de la cadena en la Provincia”.
“Es la primera vez en la historia que la Corte Suprema suspende una audiencia pública. Y la frutilla del postre es el motivo de la suspensión: la jueza Highton se acordó que tenía una Cumbre Iberoamericana de Cortes Supremas en México, justo ese día. Porque esas cosas jamás se arreglan con antelación…”, disparó en Twitter.
El diputado remarcó además la necesidad de “defender el acceso a los medicamentos” y el modelo sanitario de farmacias. “Si las grandes cadenas irrumpen la actividad farmacéutica, el lucro y la rentabilidad se imponen por sobre el derecho a la salud, los precios suben y las zonas más empobrecidas se quedan sin el acceso a los medicamentos. Esto pasa en Chile y se empieza a notar en la ciudad de Buenos Aires”, planteó Bonelli.
El legislador massista logró en abril que la Cámara de Diputados declarara “taxativo” el artículo 14 de la Ley 10.606, que impide que Sociedades Anónimas puedan ser titulares de farmacias en la Provincia. Además, 110 municipios bonaerenses aprobaron este año ordenanzas para impedir el ingreso de la cadena.
