Por Bárbara García Crespo
El año pasado, el Gobierno dio de baja 170 mil pensiones por discapacidad y sólo volvió a reactivar 40 mil. Ahora, impuso nuevas trabas para aquellos que necesitan comenzar el trámite.
Norma viajó 1800 kilómetros en búsqueda de una respuesta. Hace dos años y medio que intenta sacar la pensión por discapacidad para su hija de 10, Marcia, quien tiene síndrome de Down. La mujer de 48 años vive en Jujuy, tiene otras dos hijas y hace tres años se separó del papá de las nenas. No puede trabajar porque la más chiquita requiere su atención.
Es por eso que comenzó los trámites para conseguir la pensión que le corresponde, pero hasta ahora no tiene respuesta. “Voy cada tres o cuatro meses a Acción Social para preguntar y me dicen que vuelva en unos meses. Ya presenté todos los papeles, por eso vine a la Provincia de Buenos Aires para ver si acá podía avanzar algo”, explicó Norma a minutouno.com. “Necesito el dinero para poder sostener el estudio de mis hijas y su bienestar. Yo no puedo trabajar porque tengo que estar con ellas y cuidar sobre todo de Marcia”, agregó la mujer.
La situación que vive Norma no es un caso aislado sino que es parte de la lógica que lleva adelante el Gobierno con las personas que más lo necesitan como, en este caso, los beneficiarios de las pensiones por discapacidad. La embestida comenzó en 2017 cuando la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, dio de baja 170 mil pensiones por invalidez. Tras el repudio social, dieron marcha atrás con la medida, pero apenas levantaron unas 40 mil pensiones. Luego, la Agencia de Discapacidad dejó de pertenecer a la órbita de Desarrollo Social y pasó a depender del Ejecutivo, más precisamente de Gabriela Michetti.
Bajo la nueva directiva, el 31 de enero se dio a conocer la creación del Circuito de Confección del Certificado Médico Oficial (CMO) para “evitar fraudes” en las pensiones, pero lo que se consiguió es hacer más burocrático y extenso el trámite para los futuros beneficiarios.
“Estamos atravesando una situación muy complicada en la Agencia Nacional de Discapacidad. Primero porque están cerrando delegaciones en todo el país y segundo porque con la nueva resolución del CMO implica que las personas que quieran tener las pensiones tengan que hacer primero un trámite en Anses y después en la Agencia. Es decir que, en vez de simplificar las cosas, a la gente se la están complicando cada vez más”, explicó María Eugenia Vega, secretaria adjunta de ATE del área de pensiones de la Agencia Nacional de Discapacidad.
Además de sumar los trámites, la nueva normativa “obliga a los beneficiarios a que actualicen su certificado médico y registren su condición online”, agregó Vega.
“Esto implica que los médicos lo hagan con la clave fiscal y no por su matrícula, lo que genera una cierta irregularidad para los profesionales. Además, cada uno de los consultorios para hacer el certificado debería tener una computadora y en un contexto donde en los hospitales públicos no hay insumos, es impensado. Todo esto se hace para que se retrase el otorgamiento”, concluyó la delegada.
Fuente: MinutoUno
