Con la finalidad de tomar medidas urgentes en relación al uso ilegal de cebos tóxicos en el país y de aportar herramientas para la conservación de la población del cóndor andino (Vultur gryphus), la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación —a cargo de Sergio Bergman— y la Fundación Bioandina acordaron un plan de trabajo conjunto. El mismo abarca las 14 provincias en las que hay ocurrencia de esta especie: Jujuy, Salta, Tucumán, La Rioja, Catamarca, San Juan, Mendoza, Neuquén, Córdoba, San Luis, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
En ese marco, se trabajará articuladamente con las autoridades ambientales provinciales y otros actores relevantes en materia de conservación de la especie. El trabajo con las provincias apunta a mejorar la detección y tratamiento de los casos de envenenamiento, minimizando el riesgo para el personal que interviene en estos procesos. El plan de trabajo también está orientado a generar un conocimiento más preciso de los sitios de mayor conflicto para orientar los esfuerzos de conservación y las tareas de difusión y educación en las comunidades.
Adicionalmente, se trabaja en la comunicación de la problemática, mediante un mensaje claro de conservación, poniendo de manifiesto el peligro e ineficacia del uso ilegal de cebos tóxicos aplicados a la ganadería.
En caso de detección de situaciones de envenenamiento, se realizarán pruebas toxicológicas para profundizar en las causas que generan el uso ilegal de estos productos y se buscará obtener resultados científicos que sustenten las causas legales y sanciones de reparación ambiental. A su vez, la detección de los tipos de sustancias utilizadas permitirá investigar los canales de venta de productos y mejorar los controles de su comercialización y uso.
A partir del trabajo a campo que se llevará a cabo con productores ganaderos, se realizarán demostraciones prácticas de la disponibilidad de medidas alternativas al uso de venenos y se implementará una amplia difusión de las mismas.
