Este lunes, tras una extensa jornada final, el juez Alejo Ramos Padilla —titular del Juzgado en lo Criminal Correccional Federal 1 de La Plata— dio a conocer el veredicto en el juicio contra los exoficiales de la Policía Bonaerense Moisés Elías D’Elía y Julio César Morazzo. Ambos estaban acusados de encubrimiento y de incumplir sus deberes como funcionarios públicos, en relación con el hallazgo del cuerpo de Rosa Novillo Corvalán, víctima de los llamados “vuelos de la muerte”.
Morazzo fue quien encontró el cuerpo sin vida de Novillo Corvalán en la costa de Punta Indio el 6 de diciembre de 1976. Junto a D’Elía, realizó una serie de acciones que, según la acusación, buscaron ocultar la identidad de la víctima y enterrarla como NN en el cementerio de Magdalena. Sin embargo, el juez concluyó que no se pudo probar el encubrimiento durante el juicio.
Un fallo que generó indignación
El abogado querellante Pablo Llonto calificó la sentencia como “abominable” y la tildó de “fallo basura”, criticando duramente al magistrado. La causa, iniciada en 2010, se tramitó en un juzgado y no ante un tribunal federal, ya que la pena esperada no superaba los tres años de prisión.
La audiencia final contó con la presencia de familiares de la víctima, organismos de derechos humanos y sobrevivientes de la dictadura, quienes esperaban que, más allá de la pena, la condena sirviera como reparación simbólica. Muchos de los cuerpos arrojados por los vuelos de la muerte fueron recuperados por el río y enterrados sin identificar, lo que se considera una “segunda desaparición”.
El contexto histórico y el rol de los imputados
Durante la lectura del fallo, Ramos Padilla repasó los alegatos de las partes y presentó un extenso análisis sobre el plan sistemático de exterminio llevado adelante por la dictadura, incluyendo el funcionamiento de los vuelos de la muerte y las inhumaciones clandestinas. Valoró especialmente los informes de la Comisión Provincial por la Memoria y del Equipo Argentino de Antropología Forense, que documentaron al menos 35 cuerpos aparecidos en las costas de Magdalena y Punta Indio entre 1976 y 1982.
El juez también citó documentos de la Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense (DIPPBA), como legajos que detallan hallazgos de cadáveres y comunicaciones internas que evidencian el interés de la cúpula policial en estos hechos.
Según el fallo, Morazzo, como jefe del destacamento Benavides, inició el sumario tras encontrar el cuerpo de Novillo Corvalán, que presentaba una herida de bala en la cabeza. Se ordenó una autopsia y se enviaron las manos al laboratorio para identificarla. El resultado llegó dos meses después, pero no se pudo probar que Morazzo lo hubiera recibido para modificar la inscripción como NN.
Ramos Padilla también señaló que, en ese momento, la normativa exigía enterrar los cuerpos no identificados dentro de las 24 horas, lo que descartaría una intención de ocultamiento. Además, indicó que los oficiales imputados no tenían rango suficiente para llevar adelante un sumario por homicidio, lo que también los eximiría de responsabilidad directa.
Resolución y consecuencias
El juez resolvió absolver a los acusados y ordenó remitir testimonios a la fiscalía federal para investigar más a fondo las acciones y omisiones de otros funcionarios —policiales, judiciales y militares— en relación con la desaparición forzada de personas en la zona de Magdalena.
Reacciones de los familiares y organismos
La decisión generó fuerte malestar entre los familiares de Rosa Novillo Corvalán y los organismos de derechos humanos presentes. Pablo Llonto expresó su indignación y anunció que recurrirán a Casación. En declaraciones a La Retaguardia, criticó duramente al juez, acusándolo de ignorar las pruebas, de desconocer los hechos y de revictimizar a la familia. “Este fallo avergüenza la lucha por los derechos humanos y la historia digna que representa”, concluyó.