A partir de una inspección realizada por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) en un domicilio que funcionaba de manera irregular como geriátrico, se verificaron serias vulneraciones de derechos y condiciones materiales precarias que derivaron en la clausura municipal del lugar.
El Juzgado de Familia N.º 6 de Lomas de Zamora, a cargo del magistrado Omar Velázquez, ordenó el traslado urgente de las diez personas alojadas hacia distintos espacios de atención, de acuerdo con sus necesidades específicas. La CPM, en su rol de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, reiteró la exigencia de fortalecer los controles estatales sobre este tipo de dispositivos.
El establecimiento, conocido como La casita de Cloe y ubicado en Virgen de Itatí 1350, Ezeiza, carecía de habilitación oficial, documentación clínica y registros básicos de las personas residentes. La encargada, María Torres, reconoció que había intentado iniciar trámites de habilitación pero los abandonó por falta de recursos económicos.
Durante la inspección se constató que la alimentación era deficiente, las condiciones de higiene inadecuadas y que las tareas de cuidado recaían casi exclusivamente en la dueña, con ayuda informal de vecinas. También se registraron episodios de malos tratos, ausencia de atención médica y falta de actividades recreativas.
El juez Velázquez dispuso la intervención del Hospital Interzonal Dr. Eurnekian para evaluar la situación sanitaria de los residentes y el municipio de Ezeiza procedió a clausurar el lugar por no contar con habilitación comercial.
Este caso expone la urgencia de reforzar los mecanismos de control estatal para evitar que personas mayores en situación de vulnerabilidad sean alojadas en espacios precarios y sin supervisión adecuada.
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