La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), junto organismos y organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos humanos, denunció la arbitraria destitución del juez platense Luis Arias ante el Relator especial sobre la independencia de magistrados y abogados de Naciones Unidas. Los denunciantes consideraron que la decisión de separar del cargo a Arias es una “clara afectación de la independencia de la Magistratura”. Tras la finalización del jury, la CPM ya había señalado que no había fundamentos ni pruebas para sostener la acusación y que su destitución se inscribía en una estrategia de disciplinamiento político que constituye un duro golpe a la independencia judicial.
El juez Luis Federico Arias, titular del Juzgado en contencioso Administrativo N 1 de La Plata, fue destituido a través de un jurado de enjuiciamiento en el mes de agosto. Su destitución arbitraria, constituyó un grave retroceso en materia de institucionalidad e independencia de poderes públicos en la provincia.
Frente a este hecho que ataca valores republicanos esenciales, la CPM —junto a otros organismos y organizaciones como la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Asociación Pensamiento Penal y la Coordinadora Argentina por los Derechos Humanos— presentó una denuncia ante el Relator Especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados de las Naciones Unidas, al considerar que el juez fue removido por cuestiones estrictamente políticas, y que su separación del cargo implica “una clara afectación de la independencia de la Magistratura”. Los denunciantes piden que el caso se considere como una flagrante de violación de este principio y se adopten las medidas consecuentes.
La denuncia ante el relator de la ONU también fue acompañada por la Asociación Nacional de Jueces y Juezas del Trabajo que expresó su preocupación ante el riesgo que implica para la vigencia de los principios republicanos de la división de poderes una “inusual intervención del Poder Ejecutivo Nacional y de algunas Provincias” que afecta el cumplimiento de la función jurisdiccional.
El juez Arias fue imputado por 21 cargos vinculados a sus actuaciones en causas sobre desalojos, sus intervenciones en acciones respecto a la inundación de 2013 en La Plata y expedientes relacionados con conflictos de competencia. El jury se desarrolló durante nueve jornadas donde declararon alrededor de 20 testigos. La CPM participó como veedora y observó que el proceso de destitución estuvo marcado por profundas inconsistencias en las acusaciones y ausencia de pruebas, y que muchos de los hechos que se le imputaron no pudieron ser demostrados.
En esta presentación conjunta ante Naciones Unidas, los denunciantes aseguran que “todos los cargos que se le han imputado están vinculados con el contenido de sus sentencias, las que estuvieron dirigidas a la protección de los derechos humanos y ajustadas al principio de legalidad en el marco de las competencias que la Constitución Provincial y la legislación vigente le asignan al fuero contencioso administrativo”.
El contenido de las sentencias nunca pueden ser motivo de destitución. Sin pruebas ni razones para sostener la acusación, el juicio político fue un mensaje de disciplinamiento para aquellos jueces y juezas que actúan con autonomía y compromiso en la defensa de los derechos humanos. Antes de las audiencias del jury, la decisión política estaba tomada: Arias fue un juez justo que molestó e incomodó con sus fallos protectorios de derechos a los diferentes gobiernos provinciales.
Esa persecución se profundizó en el último tiempo cuando, en un marco más amplio de vulneración generalizada del estado de derecho en la Argentina, Arias emitió fallos que cuestionaron medidas de la gestión actual de gobierno en temas como el aumento de tarifas o los descuentos ante paros.
Las audiencias del jury evidenciaron la parcialidad y animosidad política que condujeron el proceso. En ese sentido, en la presentación ante la ONU, se advierte en particular que uno de los principales impulsores del juicio político fue el diputado oficialista Guillermo Ricardo Castello, quien había denunciado a Arias por haber suscripto una solicitada que, a su criterio, implicaba parcialidad manifiesta y una clara toma de postura política por parte del juez. Pero de la lectura de la resolución queda claro que la parcialidad estuvo del lado del legislador.
Así como decidió acusar y promover la destitución del juez Arias, y en un claro doble estándar para evaluar a los magistrados, la Procuración General de la provincia dispuso recientemente el cierre y archivo de las actuaciones administrativas iniciadas contra el actual fiscal general de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello. Este había sido denunciado por la CPM y otros organismos por su participación en crímenes de lesa humanidad como agente de la Dirección de Inteligencia de de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Esto último es una clara muestra de la selectividad en los procesos de enjuiciamiento de magistrados que implican, claramente, una intromisión del poder político en el funcionamiento de la justicia.
La denuncia ante Naciones Unidas pretende visibilizar e interpelar al Estado acerca de la gravedad de estos hechos que afectan no sólo al juez Arias sino a toda la sociedad: cuando la independencia de los poderes se trastoca, se debilita la democracia.
