El Gobierno nacional a través del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) en el Ministerio de Capital Humano, suspendió la operatoria y abrió un sumario a la cooperativa de trabajo Recuperadores del Sur Ltda., presidida por Héctor Eduardo Morillo, quien además es secretario nacional de Grandes Generadores de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).
La investigación detectó presuntas irregularidades y el uso indebido de la figura jurídica cooperativa. Según las pruebas reunidas, la estructura habría sido utilizada para eludir la normativa vigente y realizar prácticas que no garantizan condiciones laborales dignas, vulnerando derechos en beneficio de integrantes de la familia Morillo.
Entre las irregularidades señaladas, se investiga el uso de fondos de la cooperativa para gastos turísticos familiares y la compra de un vehículo no apto para la actividad, así como otras erogaciones que habrían perjudicado a la entidad y a sus asociados. Estas acciones podrían contradecir lo establecido en el artículo 2° de la Ley 20.337, que define el espíritu y funcionamiento de las cooperativas.
El caso será comunicado al Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, para que adopte las medidas correspondientes. Las irregularidades también generan dudas sobre quién realiza efectivamente la recolección de residuos, dónde se procesa el material, cuánto se recupera y cómo se dispone lo rechazado. La cooperativa no cuenta con 100 asociados y no está claro quiénes prestan el servicio.
Es de mencionar, además, el rol de la subsecretaria de Residuos Sólidos Urbanos y Economía Circular del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, Jaquelina Flores, cercana políticamente al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof y al referente de la economía popular, Juan Grabois.