Especial por Ezequiel Roca Moreno
La legislación vigente determina que la revisión de las cuentas y expedientes del ejercicio cerrado el 31 de diciembre del año anterior debe ser girado al HCD a efectos de ser analizado por los diferentes bloques, desde el momento de su notificación y dentro de los 60 días anteriores al tratamiento en sesión. Hasta el día de ayer ello no fué posible porque el Departamento Ejecutivo no autorizó a la oposición realizar los controles correspondientes.
El 22 del mes pasado ingresó al cuerpo deliberativo el expediente 4079-12160 firmado por el Intendente Ramiro Tagliaferro en el que notifica que la documentación estará a disposición de los concejales los días martes y jueves de 9 a 13 horas en la contaduría municipal. Asimismo, en la nota girada a la Presidenta del HCD, Natalín Faravelli, indica que las autorizaciones para examinar los comprobantes deberán solicitarse mediante nota al Secretario de Gobierno, Adrián Flores, con 48 horas de anticipación mencionando las personas y asesores autorizados para su verificación.
El miércoles de la semana pasada (11/04), Faravelli a través del secretario del cuerpo notificó a los diferentes bloques lo comunicado y dispuesto por el jefe comunal.
Solicitudes entregadas sin respuesta
El bloque del Frente Renovador con fecha 13 del corriente entregó el pedido de autorización que hasta la fecha no fué respondido. Por ello, ayer no se dirigieron hasta la contaduría municipal previendo que no les permitirían realizar las tareas de verificación. No se equivocaron.
El lunes de la presente semana (16/04) Unidad Ciudadana a través de su Presidenta, Florencia De Luca, elevó la solicitud, indicó las personas designadas y los expedientes que necesitaban verificar, pero, tampoco recibieron contestación. A pesar de ello, y, ante los días que Tagliaferro determinó para revisar (martes y jueves de 9 a 13 horas) se presentaron pero les fué impedido realizar el trabajo aduciendo que no estaban autorizados.
La misma negativa recibió Sandra Yametti del Gen quién a su vez es la Presidenta de la Comisión de Hacienda y Finanzas del Concejo Deliberante.
Accionar improcedente que viola la legislación
Recordamos que el año pasado a los concejales sólo se les autorizaron dos días (también martes y jueves de 9 a 13 horas) para cumplimentar lo que autoriza la normativa vigente, o sea, pareciera que la restricción es el modus operandi para desgastar a la oposición y evitar una profunda comprobación de lo actuado durante 365 días.
Las leyes y normativas son claras y determinan que la revisación de la rendición de cuentas del ejercicio anterior es de 60 días con anterioridad a la sesión deliberativa.
Éste accionar es para ocultar algo que se sospecha, para ocultar movimientos extraños o para evitar conocer con exactitud una posible e irregular utilización de partidas y transferencias..?
Quién fué el responsable de no autorizar en tiempo y forma los controles del ejercicio económico del año anterior..? El Secretario de Gobierno, Adrián Flores, el Jefe de Gabinete, Hugo Arbel, o los nombrados recibieron precisas instrucciones del Intendente Tagliaferro para actuar de ésta manera..? Respuestas que ameritan comportamientos más claros y transparentes.
Durante la sesión de rendición de cuentas del 2016 tomamos conocimiento de gastos personales de funcionarios del ejecutivo que fueron pagados desde las cajas chicas a su cargo: Leandro Dartayeta, Asesor de la Unidad Intendente compró un desodorante en aerosol por $ 60,00 en la perfumería que está frente al municipio sobre la calle Brown; Adrián Résico, ex titular de la UGC 2, Haedo, hoy diputado provincial, rindió gastos de comidas personales por más de $ 300,00 en conocido bar y cafetería; Carlos Rebagliati, ex Jefe de Gabinete pasó gastos de almuerzos por cerca de $ 9.000,00; y a varios integrantes del riñón del Tagliaferro se les pagaron gastos de peajes y de sus automóviles particulares. Lo reciente transcripto son algunos de los gastos incorrectos descubiertos por los ediles en el corto tiempo que tuvieron para revisar.
Las apropiaciones e irregularidades de los funcionarios las pagan los vecinos con esfuerzo, sacrificio y muchas veces privándose de necesidades particulares o de su grupo familiar.