Con amplia mayoría, el Senado de la Nación ratificó la Ley de Emergencia en Discapacidad, rechazando el veto presidencial y dando paso a su promulgación definitiva.
Desde el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad celebramos este paso histórico, fruto de la lucha colectiva de familias, personas con discapacidad, prestadores y organizaciones de todo el país, que se movilizaron en cada instancia legislativa para hacer oír su voz.
La aprobación de esta Ley garantiza la continuidad de las prestaciones básicas y esenciales, resguardando derechos que estaban en riesgo en un contexto de enorme vulnerabilidad social.
“Buscamos que las personas con discapacidad puedan acceder a una pensión, especialmente quienes viven en situación de pobreza; que las prestaciones cuenten con aranceles acordes a sus costos; y que quienes asisten a talleres protegidos reciban un salario digno. Todo un colectivo se movilizó a lo largo del país, acompañando a los senadores para que expresen su voto positivo. Esta Ley representa una respuesta justa a un sector que ha sido tan golpeado.” – Pablo Molero, coordinador del FORO.
Esta votación se da en un contexto complejo, marcado por la difusión de audios que comprometen al Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Dr. Diego Spagnuolo, en presuntas irregularidades vinculadas a negociados y coimas en el área de medicamentos, hechos que, según se señala, habrían sido informados incluso al propio Presidente de la Nación, Javier Milei.
Al respecto, desde el Foro sostenemos que:
- La Justicia debe avanzar con celeridad en la investigación iniciada para esclarecer los hechos y juzgar a todos los responsables, sin importar su cargo ni jerarquía.
- La sociedad necesita respuestas claras sobre si los mismos funcionarios que denunciaban supuestos “curros” en la discapacidad habrían, en paralelo, ocultado o participado de maniobras ilícitas con fondos públicos.
- Si el Presidente fue efectivamente informado y no actuó, la gravedad institucional es aún mayor, pues ello lo convertiría en partícipe del delito por omisión de denuncia.
No nos oponemos a las auditorías. Lo que rechazamos es que quienes se presentan como adalides de la transparencia hayan guardado silencio frente a presuntas irregularidades o, incluso, participado de ellas.
No podemos dejar de destacar que, mientras se debate la Ley, las personas con discapacidad siguen atravesando enormes dificultades: la falta de prestaciones adecuadas, aranceles insuficientes para los prestadores y salarios miserables para los trabajadores de los talleres protegidos. Esta Ley representa un respiro y un reconocimiento a quienes más lo necesitan, pero la situación sigue siendo crítica y exige atención constante.
La promulgación de la Ley de Emergencia en Discapacidad demuestra que la lucha colectiva organizada puede torcer la historia y abrir caminos hacia una sociedad más justa e inclusiva.
Desde el Foro reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando junto a las personas con discapacidad, sus familias y las organizaciones en defensa de los derechos conquistados, con la convicción de que la transparencia institucional y el respeto a la dignidad humana son pilares irrenunciables de la democracia.
