Desde la Pastoral Nacional de Adicciones y Drogadependencia queremos comunicar al Gobierno Nacional y a la población en general la preocupación que nos genera la reciente reglamentación de la Ley N°27.350 sobre la “investigación médica y científica del uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados”
La investigación científica y la aplicación paliativa con fines medicinales del canabidiol, reclamadas por pacientes y familiares de pacientes, debe ser apoyada y acompañada por el conjunto de la sociedad, advirtiendo que la gran mayoría de la comunidad científica y las agencias encargadas del control de medicamentos de todo el mundo han aconsejado responsabilidad y prudencia.
Entendemos que esa responsabilidad y prudencia no se condicen con la apertura irrestricta que significa el autocultivo de cannabis para sí o para terceros y la falta de especificación de las enfermedades que ameritan su aplicación.
Entendemos que, de esta manera, la norma puede convertirse en una legitimación encubierta de otros tipos de consumos y eso nos preocupa.
Dejando de lado el agravamiento de la situación generado por la pandemia, en las villas y barrios populares no es fácil sostener el colegio ni conseguir un trabajo. La educación y el trabajo son poco accesibles,las sustancias adictivas ahora son más accesibles.
Para hacer justicia a quienes padecen una enfermedad no hay que exponer a los más frágiles. Por esa razón en el comunicado que presentamos en 2016 señalábamos que la provisión de canabidiol debe correr por parte del Estado y ser gratuita.
