Especial por José “Pepe” Delgaudio
En las últimas horas de anoche se conoció la resolución de la Jueza Mónica Luján López, titular del Juzgado Contencioso Administrativo de Morón con la órden de suspender la ordenanza N° 18.851, aprobada el 23 del mes pasado solo por el bloque de Cambiemos a efectos de retirar el busto del ex presidente Néstor Kirchner de la plaza General José de San Martín y que había aprobado su colocación por ordenanza 14.957/2012.
Al día siguiente que el HCD aprobara el proyecto firmado por la totalidad de los concejales oficialistas, en horas tempranas y por órden del intendente Ramiro Tagliaferro el busto fué retirado sin informar el lugar donde está guardado.
De cumplirse la resolución de la jueza habría que volver a colocar el busto de Néstor Kirchner en el lugar donde estaba.
Un día antes y después de la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, presidida por la titular del cuerpo deliberativo e integrada por los presidentes de los bloques legislativos, quienes representan a Unidad Ciudadana presentaron un recurso ante la magistrada mencionada más arriba a efectos que ordenara suspender el tratamiento del expediente en la sesión del día siguiente.
Dentro de los argumentos expuestos mencionaron que incluir en la sesión la iniciativa de Cambiemos era violar el Reglamento Interno del HCD, que previo al debate debía convocarse a Audiencia Pública.
Las objeciones expuestas por Unidad Ciudadana eran válidas dado que, los artículos 123; 124; 125; 126; 127 y 128, imponen taxativamente la obligación de la Audiencia Pública para decisiones y normativas puntuales.
La misma posición expusieron en Labor Parlamentaria el resto de los otros otros bloques, pero Analía Zappulla y Leandro Ugartemendía no aceptaron esa posición. Tan cerrados estaban los referentes del Pro que Zappulla llegó a decir, “si queríamos retirábamos el busto sin que hiciera falta presentar esta ordenanza”, testimonio que nosotros fuimos el único medio que lo transcribió en la nota que publicamos en la mañana del 23 del mes anterior, horas antes del debate.
Inadmisible que una persona como Zappulla con formación universitaria, docente en la universidad privada local, militante en varios partidos políticos y presidenta del HCD rechazara la legislación vigente.
Resolución de la jueza Mónica Luján López
En el artículo 1), dice, “Hacer lugar a la medida cautelar en los siguientes términos: ORDÉNASE LA SUSPENSIÓN DE LOS EFECTOS DE LA ORDENANZA 18.851/2018, sin menoscabo a la esencial provisionalidad de la medida en caso de alterarse las condiciones que dieron lugar a su otorgamiento, y, por tanto ordénase a la Municipalidad de Morón (Honorable Concejo Deliberante) a su cumplimiento, paso previa caución juratoria de los actores para responder por las eventuales costas, y los daños y perjuicios que se derivaren de la medida en caso de haberla peticionado sin derecho (Conc. art. 22, 24 y subsiguientes, CPCC aplicable por remisión art. 77 CPCA). Regístrese y Notifíquese…”
En otra parte del dictámen, indica: “procédase a anotar el presente proceso en el Registro Público de Procesos de Incidencia Colectiva…”
Además, dispone la remisión a la Fiscalía General de turno a sus efectos.
Muchos quizás preguntarán porque ésta resolución no fué dispuesta antes de la hora de inicio de la sesión ordinaria del 23 de agosto pasado. Muy simple, no existía tiempo material entre la hora que fué presentada la denuncia el día anterior (22/08) y, la documentación que la jueza le requirió a las autoridades del HCD a efectos de evaluar lo solicitado por Unidad Ciudadana.
Algo que debemos dejar bien claro es que Mónica Luján López procedió ajustada a derecho, que la suspensión no favorece a los actores perjudicando a los denunciados, no es funcionaria de aparecer ante la prensa con declaraciones a efectos de potenciar su Imágen, por el contrario, es muy reservada. Oportuno es recordar que ante un recurso presentado en 2009 por alguien que pertenecía al sabbatellismo y que, había sido dado de baja procedió en forma similar. Lleva muchos años y experiencia en el cargo.
El odio, el rencor, la soberbia y la autocracia no son compatibles con la democracia
En nuestra nota del 23 de agosto transcribimos que durante la sesión de noviembre de 2012 cuando se aprobó la ordenanza 14.957 Zappulla votó por la negativa a que se colocara el busto de Néstor Kirchner en la plaza, que tuvo palabras respetuosas para no herir los sentimientos de quienes habían colmado el recinto y la barra, pero, esa conducta cambió desde que se conoció el expediente para retirar el busto, fué agresiva y llegó hasta la provocación a través de sus declaraciones.
También sostuvimos que los gobernantes deben saber cuando es el momento para tomar decisiones que puedan ser confrontativas, deben impulsarlas sin odios, sin revanchas, evitar el enfrentamiento y la profundización de la grieta. En Cambiemos, pero en particular desde el Pro hacen todo lo contrario para obtener réditos políticos en momentos de suma gravedad por los que están atravesando los ciudadanos y la República.
En la sesión del 23 de agosto último fueron muy claros y explícitos Sandra Yametti (Gen) y Jorge Laviuzza (Frente Renovador) cuando manifestaron que, “no hubieran aprobado colocar el busto en la plaza, pero que éste no era el momento por respeto a los sentimientos”.
Muchos abogados que se olvidaron del derecho
El bloque de Cambiemos cuenta con 6 abogados: Juan Nardo, Emiliano Catena, María Eugenia Brizzi, Romina Fusco, Nicolás Canario Soto y Roly Moretto.
La gran pregunta a formularles sería, se olvidaron del derecho, creyeron que podrían obviar la legislación..? Si ello fuera cierto no asimilaron ni aprendieron nada de los cursos realizados en la universidad. La impresión generalizada de profesionales y técnicos en la materia que analizan las acciones de la gestión de Ramiro Tagliaferro es que éste decide, ordena y manda. Qué el concejo deliberante es una escribanía de gobierno donde todo Cambiemos obedece y cumple para quedar bien con el supremo y contar con su bendición para seguir creciendo en política.
Hay algunas situaciones particulares que no pueden ignorarse: 1) Canario Soto rindió exámen en la justicia y está esperando que lo designen juez; 2) Brizzi, ex directora de la subsecretaría de legal y técnica del municipio y colaboradora de confianza de Cristián Herrera, ex subsecretario de legal y técnica del municipio; 3) Adrián Cal, abogado, director de legal y técnica del HCD, recomendado por Iván Ponce Martínez y que ocupó el mismo cargo hasta setiembre de 2017; 4)Rolando Moretto (radical), docente, ayudante del ex diputado nacional Héctor María Gutiérrez y actual vicepresidente del Colegio de Abogados de Morón.
Ninguno de los nombrados objetó e hizo observaciones para evitar la decisión de la jueza Mónica Luján López…? Si ellos tuvieran convicciones, fueran escuchados y hubieran realizado aportes ajustados a derecho se habría impedido la ridiculez de un gobierno, el de Morón, que dedica tiempo improductivo y fondos municipales que colaborarían para ayudar a los que menos tienen y más necesitan.
Veremos cómo sigue ésta nueva película en “El Principado”, cargada de errores, equivocaciones y denuncias a las que nos vamos acostumbrando con tristeza y dolor todos los días.
