Más de 1.000 personas acompañaron la presentación del informe anual 2019 de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM). Como ocurre cada año, la publicación del trabajo de monitoreo y control de lugares de encierro y políticas de seguridad, salud mental y niñez es un acto político para llamar la atención de todos los poderes del Estado: el sistema penal está en crisis, las violaciones extremas a los derechos humanos se naturalizaron y las víctimas de este sistema no son escuchadas ni reparadas. Las masacres de Pergamino, Esteban Echeverría y San Miguel de Monte son la muestra acabada de la peor cara del sistema penal; y familiares de las víctimas acompañaron la presentación. “Ya presentamos 13 informes a funcionarios y jueces que no tomaron ninguna medida para revertir esta situación, las cárceles son depósitos humanos”, dijo Adolfo Pérez Esquivel.
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó el Informe anual 2019. El sistema de la crueldad XIII. Es el décimo tercer informe que año a año describe la crueldad que descarga el sistema penal sobre sus víctimas, los sectores más vulnerables de la sociedad, en su mayoría jóvenes y pobres acusados por delitos menores. Durante estos 13 informes, pasaron gobiernos provinciales de distinto signo político: todos insistieron en el punitivismo como única política de seguridad. El resultado fue el agravamiento paulatino de las condiciones de detención y el incremento de la violencia policial en los territorios.
“Llevamos 13 informes realizados, no puede ser que sigan llenando las bibliotecas de funcionarios y jueces que no toman ninguna medida para revertir esta situación, las cárceles son depósitos humanos. Qué derecho de justicia tenemos, entonces”, se preguntó el presidente de la CPM, Adolfo Pérez Esquivel, en la apertura de la presentación.
El del año pasado fue el informe de los récords. Este año todos los índices empeoraron: cantidad de detenidos, tasa de prisionización, crecimiento interanual de personas detenidas, sobrepoblación. Hay 50.500 personas detenidas, la sobrepoblación en cárceles es del 113%, en comisarías del 310%. “Este gobierno, que asumió reconociendo la crisis del sistema de encierro, fue la gestión que mayores violaciones a los derechos humanos provocó”, resumió el secretario de la CPM Roberto Cipriano García. Durante 2018, se denunciaron más de 12 mil hechos de torturas; 339 personas murieron bajo custodia del Estado y otras 120 por uso letal de la fuerza.
La presentación de este informe se da en el marco de los 20 años de la CPM. Durante el acto público de esta mañana se proyectó un video que recorre esta trayectoria. “Cuando se creó la Comisión, en un contexto de crisis, sabíamos cuál era el camino: uno de los principios era la plena autonomía e independencia de los gobiernos de turno. El otro principio político era asumir la defensa de los derechos de los sectores más vulnerables. Este informe expresa la voz de esas personas”, destacó la directora general de la CPM, Sandra Raggio.
“Los hechos que denunciamos son consecuencia de las políticas de mano dura. No son casualidades o hechos aislados. Las masacres de Pergamino, Echeverría y Monte son una prueba: todos sabían de la situación crítica y no hicieron nada. Peor aún: una vez que sucedieron, ni la gobernadora ni las autoridades judiciales se pronunciaron, fue como si no hubiese pasado. Un silencio que no respeta ni siquiera el dolor de las familias”, agregó Cipriano García.
Familiares de las víctimas de las tres masacres ocurridas durante la actual gestión de la Provincia formaron parte de la mesa de presentación. “El pasado 20 de mayo, a Cami, Gonzalo, Danilo y Aníbal los mató la policía mientras paseaban por la laguna de nuestro pueblo. A Rocío la hirieron gravemente. Pero no es un caso aislado, esto pasa a diario, es una política de Estado que los prepara, forma e instruye para actuar así. Una política de Estado, incluso, celebrada por las máximas autoridades”, señaló Yanina Zarzoso, mamá de Camila López.
“Pasaron tres meses de la masacre y cada día es difícil. Con el alma hecha pedazos estamos en las marchas, somos cinco familias que la estamos peleando. Queremos justicia por nuestros hijos, y también para todas las madres que pasaron por lo mismo. Pero no es sólo un pedido de justicia: reclamamos un porvenir para nuestros niños, para que cada vez que salgan de sus casas puedan volver sanos y salvos”, remarcó Gladys Ruiz Díaz, mamá de Danilo Sansone.
Gladys y Yanina valoraron el acompañamiento de la CPM, el organismo patrocina a las familias de Danilo y Camila en la causa por la masacre de Monte. “Uno no se espera pasar por algo así y, desde el primer momento, la Comisión me contuvo y quiero agradecerles eso”, dijo Yanina. Y Gladys agregó: “a la Comisión y los trabajadores y trabajadoras que nos acompañan día a día, desde el dolor, quiero agradecerles y aplaudirlos de pie, el trabajo de ustedes se ve y se siente”.
La CPM también patrocina a cinco de las siete familias de la masacre de la comisaría 1ª de Pergamino. El próximo 2 de septiembre, al cumplirse dos años y medio del hecho, comienza el juicio oral y público contra seis policías: “Ellos estaban esa noche ahí y no hicieron nada para salvar a nuestros hijos, dificultaron las tareas de rescate de los bomberos, los dejaron morir”, dijo Cristina Gramajo, mamá de Sergio Filiberto, en la mesa de presentación del informe. “Tuvimos que sufrir mucho desprecio de una parte de la sociedad todo este tiempo, pero no nos hizo abandonar el reclamo. Necesitamos, como sociedad, luchar por un nunca más verdadero. Para eso seguiremos luchando”.
“Ya había pasado en Pergamino y se dijo nunca más, y después nos volvió a pasar a nosotros”, declaró Matilde, mamá de Elías Soto, una de las diez víctimas fatales de la masacre de Esteban Echeverría. La CPM también patrocina a familias en esta causa. “Llevamos 9 meses de lucha y seguimos en el camino de justicia, pero este tiempo también nos hemos sentido burlados; la Gobernadora sacó una nota diciendo que nos había recibido, nunca fue así”.
Junto a las madres, también estuvieron los y las integrantes de la CPM Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, Susana Méndez, Ernesto Alonso, Ana Barletta, Dora Barrancos, Víctor Mendibil, Víctor de Gennaro, Carlos Sánchez Viamonte, María Sonderéguer, el padre Pepe Di Paola y Yamila Zavala Rodríguez.
Al final de la presentación, la madre de Plaza de Mayo—Línea Fundadora e integrante de la CPM Nora Cortiñas pidió luchar desde el amor y la esperanza para conquistar en las calles ese nunca más que piden las madres víctimas de la violencia estatal: “Nadie puede salir indemne de leer este informe, nos tiene que dar fuerza para salir a las calles. No nos acostumbremos, esto no tiene que seguir pasando”, dijo. Y agregó: “Las madres todavía lloramos, tenemos esa parte del corazón que no se endurece y por eso acompañamos a estas madres: las madres de las víctimas del gatillo fácil, de las redes de trata, las madres que no tienen ni un peso para ir a comprar la leche”.
La presentación, que se realizó ante más de 1.000 personas que colmaron la sala del anexo de la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires, contó con la presencia de integrantes de la Red de familiares contra la tortura y otras violencias estatales, coordinadores que participan del programa Jóvenes y Memoria. También estuvieron presentes funcionarios judiciales y políticos y referentes de organismos de derechos humanos y organizaciones sociales; entre ellos, el juez federal Daniel Rafecas, el ex juez de La Plata Luis Arias, el presidente del Mecanismo nacional de prevención de la tortura Juan Irazabal, otros integrantes del Comité Nacional y representantes de los mecanismos provinciales de prevención de la tortura de Chaco, Salta, Corrientes.
Ese acompañamiento masivo es un reconocimiento a la pluralidad e independencia que la CPM defendió durante estos 20 años, y que contribuye a jerarquizar aún más el trabajo de monitoreo y control de los lugares de encierro y las políticas de seguridad, salud mental y niñez. El sistema penal donde las violaciones a los derechos humanos se han naturalizado sigue siendo uno de los aspectos más olvidados por los distintos gobiernos democráticos. Revertir esta grave crisis humanitaria es una deuda de la democracia.
En ese sentido, la Provincia debe aún designar a la CPM como mecanismo provincial de prevención de la tortura; sería un reconocimiento a ese trabajo que el organismo viene realizando desde hace 17 años y que lo ha constituido como mecanismo preexistente en la provincia de Buenos Aires.
