En el marco de las jornadas en Merlo y La Plata por el día de lucha contra la violencia institucional, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) capacitó a unos 500 docentes y coordinadores de toda la provincia de Buenos Aires que participan por primera vez del programa Jóvenes y Memoria. Este encuentro de capacitación sirvió para pensar las condiciones metodológicas y políticas de los temas de investigación. Participaron familiares de víctimas de la violencia policial, que describieron la falta de acceso a la justicia en sus casos y la impunidad que se construye a partir de la falta de investigaciones judiciales que contengan una perspectiva de derechos humanos.
“Es fundamental que los jóvenes se sientan parte de los procesos de lucha por la conquista de derechos y que lo hagan desde la reflexión de su propio entorno, de los derechos que ellos ven vulnerados”, dice Graciela, coordinadora de la Aldea jóvenes para la paz de General Rodríguez. En ese lugar funciona un centro de formación profesional que trabaja con jóvenes en condiciones de vulnerabilidad. Durante la XVII convocatoria de Jóvenes y Memoria, van a presentar un trabajo sobre marginalidad y trabajo: “queremos visibilizar la mala realidad de la situación laboral de los jóvenes, que no deberían estar trabajando pero tienen que hacerlo y lo hacen en condiciones de explotación”, resume.
La Aldea es un proyecto educativo-formativo del Servicio para la Paz y la Justicia, que dirige el premio Nobel de la Paz y copresidente de la CPM, Adolfo Pérez Esquivel. Además de la sede de General Rodríguez, hay otra en Pilar que ya viene participando desde hace años en Jóvenes y Memoria; la mayoría de estas investigaciones se centran en denunciar la violencia institucional que sufren los jóvenes de los barrios pobres: “la persecución policial y las requisas violentas, son, para ellos, prácticas cotidianas”.
En estos 17 años, los proyectos de investigación sobre vulneraciones de los derechos en el presente han ido ocupando cada vez más lugar en la agenda de Jóvenes y Memoria. “Desde el principio entendimos las nuevas generaciones debían inscribirse en los procesos de memoria y que esa memoria debía generar los marcos políticos para mirar el presente e intervenir en las profundas desigualdades que atraviesan a la sociedad”, remarca la directora general de la CPM, Sandra Raggio.
Durante la doble jornada que se realizó el lunes en el Pasaje Dardo Rocha de La Plata y el martes en el Teatro Municipal de Merlo, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) capacitó a unos 500 educadores de toda la provincia de Buenos Aires que participan por primera vez de Jóvenes y Memoria. Este encuentro sirvió para reconocer las condiciones metodológicas y políticas de una investigación con perspectiva en derechos humanos. Una pedagogía de los derechos humanos debe ser, necesariamente, una pedagogía de la acción: conocer para transformar.
“La memoria no es un relato del pasado es la dinámica social por las disputas en el presente. En ese sentido, este programa tiene como fin pedagógico la constitución de una subjetividad de los derechos humanos que permita la acción y la transformación de la sociedad”, señaló la directora de la CPM, Sandra Raggio.
“Toda participación es importante y nosotros, desde la escuela, debemos crear esos marcos de acción. Creo que lo valioso de este programa es que los jóvenes tienen la posibilidad de activarse, de comprometerse como ciudadanos. Esa participación comprometida no es sólo enunciativa sino que es una instancia misma de construcción de derechos”, explica Alejandra, directora de una escuela secundaria rural N 5 de San Miguel del Monte.
La pluralidad y territorialidad de los equipos que participan de Jóvenes y Memoria permiten afianzar este programa en cada espacio de la provincia, generando nuevos lugares de debate para la construcción de una sociedad más democrática.
“Jóvenes y Memoria abre el mapa de actores y permite la emergencia de nuevos relatos posibles”, señala Joaquín, coordinador de un grupo de trabajo que funciona en la Unidad Penitenciaria N 11 de Baradero. “Para nosotros, en un contexto alternativo a la educación formal, es la posibilidad de romper con los estigmas y revalorizar los derechos de las personas privadas de la libertad”, agrega.
La CPM, como organismo de control y monitoreo de los lugares de encierro, viene denunciando las violaciones a los derechos humanos y la práctica sistemática de la tortura; los crímenes que se perpetraban en la dictadura siguen ocurriendo en democracia. En los últimos dos años, ingresaron 11 mil nuevas personas a las cárceles y comisarías de la provincia de Buenos Aires y la sobrepoblación es superior al 100 %.
La crisis humanitaria en el sistema de encierro es vista, sin embargo, por los funcionarios públicos como un logro de las políticas de seguridad. “Desde Ruckauf hasta acá, todos los gobiernos alimentaron el discurso de que la única respuesta a los problemas de seguridad es el punitivismo, la saturación policial de los territorios y el encarcelamiento. Mientras crece el presupuesto en seguridad, nunca se vuelcan recursos para pensar políticas sociales integrales que garanticen los derechos humanos de todos los sectores de la sociedad”, explica Roberto Cipriano García, secretario de la CPM.
Las dos jornadas de capacitación se realizaron en el marco del día de lucha contra la violencia institucional, cada uno de esos encuentros con docentes y coordinadores cerró con dos mesas en donde expusieron madres de víctimas de la violencia policial. “Hoy tenemos una gestión que recibe en la Rosada a los que disparan por la espalda, eso nos obliga a seguir luchando cada día, en cada escuela y organización, para que el paradigma de seguridad no se lleve la vida ningún otro pibe”, señaló Raquel Witis, mamá de Mariano —asesinado por un oficial de la Bonaerense el 21 de septiembre del 2000—, durante el acto en La Plata.
“La violencia que recibimos no es sólo el asesinato de nuestros hijos sino todo el atropello y tormento que sufrimos por parte de la policía desde el primer momento. También tuvimos que sufrir todas las barbaridades que se dicen de mi hijo. Yo salgo a lucha para que los pibes no sean marcados porque a Naza lo mató la policía, pero también la sociedad que lo criminalizó diciendo que era delincuente”, contó Mariana Sánchez, mamá de Nazareno, asesinado el 30 de julio pasado. Junto a Mariana, María Viera, mamá de Fabián Gorosito, asesinado en 2010. Once policías y una civil fueron absueltos en un primer juicio plagado de irregularidades. Este año se realizará un segundo juicio.
Las historias de Mariano, Nazareno y Fabián fueron contadas, en otros años, por escuelas y organizaciones que participaron en Jóvenes y Memoria. Las investigaciones sobre violencia institucional crecen año a año en el programa, este dato prueba no sólo el incremento de estas violencias del Estado en el último tiempo sino también la capacidad de resistencia de las nuevas generaciones, que denuncian, acompañan y se niegan a naturalizar estas violaciones a los derechos humanos.
“Desde la reapertura de los juicios de lesa y con el estudio del genocidio en las escuelas, encontramos un espacio desde donde situarnos para repensar la historia. Hoy necesitamos también generar esos marcos históricos y políticos para que la escuela se pronuncie y reclame en pos de estos derechos. Si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie”, dice Cielo, profesora de la escuela René Favaloro de Carmen de Patagones. Y cierra: “A través de Jóvenes y Memoria vamos a hacer que algunos de esos derechos sucedan, porque el programa es un espacio de conquista de derechos”.
