Por Ariel Mulki
El Congreso debate sobre el programa de Educación Sexual Integral, una ley sancionada en 2006. Avances y retrocesos de una norma clave.
A punto de cumplirse doce años desde la promulgación de la ley de Educación Sexual Integral, las iglesias católicas y evangélicas siguen oponiéndose a su aplicación en las comunidades educativas de nuestro país.
En octubre de 2006, se promulgó la ley 26.150 del Programa de Educación Sexual Integral. A partir de ese momento la educación sexual fue considerada como “un derecho de todos los educandos en todos los niveles y en todas las jurisdicciones, al articular aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos”.
En 2010, el Ministerio de Educación de la Nación estableció los lineamientos curriculares de la Educación Sexual Integral, aprobados por el Consejo Federal de Educación, integrado por las máximas autoridades educativas de todas las jurisdicciones.
El licenciado Alberto Sileoni, quien fuera Ministro de Educación en ese entonces, explicó la Educación Sexual Integral “como un espacio sistemático de enseñanza aprendizaje que promueve saberes y habilidades para la toma de decisiones conscientes y críticas en relación con el cuidado del propio cuerpo, las relaciones interpersonales, el ejercicio de la sexualidad y los derechos”.
Llegamos a 2018, a doce años de la creación del programa, y su implementación sigue siendo totalmente irregular, tanto en las instituciones educativas de gestión pública como en las de gestión privada. El texto vigente indica en su artículo 5: “La comunidad educativa incluirá en el proceso de elaboración de su proyecto institucional, la adaptación de las propuestas a su realidad sociocultural, en el marco del respeto a su ideario institucional y a las convicciones de sus miembros”.
Este artículo ha sido la excusa de los establecimientos para no implementar la Educación Sexual Integral en las escuelas, especialmente en las instituciones de gestión privada con orientación religiosa. Es por eso que la modificación que se debate en el Congreso de la Nación está centrada en el artículo 5 de la ley. La reforma busca reforzar la obligatoriedad de la Educación Sexual Integral en todas las escuelas del país y el monitoreo permanente de su implementación.
Después del debate acerca de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, parecía que la promoción de la educación sexual y la accesibilidad a los métodos anticonceptivos había ganado el consenso en todos los sectores políticos. Sin embargo, todavía hay grupos religiosos y conservadores que siguen oponiéndose a la implementación de la Educación Sexual Integral para los niños, las niñas y los adolescentes de nuestro país.
